Caso V.R.
Contexto:
Una madrugada de 2014, V.R. se encontraba en su domicilio ubicado en el Estado de Hidalgo, junto a su madre y su hijo de cinco años. De forma inesperada, personas armadas ingresaron violentamente a su hogar y la sustrajeron de manera arbitraria con base en tortura, sin que existiera orden judicial ni supuesto legal que justificara su actuar.
Durante un traslado irregular hacia el Estado de Puebla y una retención e incomunicación injustificadas de más de 11 horas, V.R. fue sometida a actos de tortura sexual, física, además de psicológica. Al llegar a las instalaciones de la entonces Procuraduría General de Justicia de Puebla, sufrió actos de violencia institucional que vulneraron su intimidad y dignidad.
El propósito de estos actos fue colocarla en un estado de incertidumbre y terror, para que firmara una declaración prefabricada donde se le incriminaba en delitos de secuestro. También V.R. fue exhibida ante los medios de comunicación bajo etiquetas estigmatizantes, destruyendo su dignidad frente a la sociedad.
Reto jurídico:
El proceso penal en su contra se construyó sobre una profunda ilicitud e legalidad. A pesar de haber sido sustraída de otro Estado sin mediar un oficio de colaboración, y de las evidentes afectaciones a su integridad personal tras la detención, los dictámenes médicos —elaborados por personal de la misma Procuraduría— minimizaron su estado de salud para encubrir las irregularidades. Todo esto derivó en un proceso viciado que la ha mantenido privada de su libertad por más de una década, bajo una condena en primera instancia de 60 años.
Intervención de artículoprimero:
Frente a estas fallas estructurales del sistema, nuestra Firma asumió la defensa de V.R. en segunda instancia y ante la Comisión de Derechos Humanos, abordando el caso bajo un estricto estándar de litigio de derechos humanos. Nuestras acciones estratégicas incluyen:
Impugnar la legalidad e inconstitucionalidad de la sentencia condenatoria mediante el recurso de apelación, demostrando que las pruebas en su contra fueron obtenidas bajo coacción y con violaciones al debido proceso.
Presentar el caso ante la Comisión de Derechos Humanos para exigir una investigación objetiva e imparcial de los abusos —detención ilegal y arbitraria, dilación indebida en la puesta a disposición, tortura sexual, física y psicológica, así como exposición mediática—, solicitando la intervención de personas peritas independientes y la aplicación del Protocolo de Estambul.
Exigir la aplicación de la perspectiva de género en la valoración probatoria, visibilizando la doble vulnerabilidad, la violencia institucional y la estigmatización de la que fue objeto durante su proceso penal.
Nuestro compromiso:
En artículoprimero tenemos la firme convicción de que ninguna sentencia puede sostenerse sobre la base de la violación a los derechos humanos. A más de 12 años de su detención arbitraria, continuamos en el frente legal para revertir esta resolución. Seguimos acompañando a V.R. con el más alto compromiso técnico y estratégico, para devolverle la libertad.
